Hay que confiar en esa potencia colectiva y empoderarla llamando a urnas. Si sale bien, puede venir la mayor conquista de derechos sociales en décadas. Si sale mal, que se preparen para un conflicto social sin precedentes. Quien arrastre los pies, no busca lo primero y encontrará lo segundo.

Cada día que pase sin disolver las Cortes habrá más desahucios, finalizaciones de contratos y subidas de precios, y pesará una responsabilidad que hará más difícil seguir avanzando al unísono de la movilización social.

El mayor riesgo es que esa potencia colectiva —viva, articulada y movilizada— se diluya por los enredos de los partidos para controlar su futuro electoral, por la desmoralización que provocaría renegociar un decreto a la baja, o porque se enfríe con un tiempo que nadie tiene.

Hoy avanza un movimiento social a la ofensiva, con capacidad para conquistar de inmediato nuevos derechos, en un contexto de fuerte crecimiento económico, máximos de empleo, enorme generación de riqueza privada y un Gobierno de coalición que es un referente internacional para la izquierda.

El 15M fue un movimiento en un contexto de retroceso: más de cinco millones de desempleados, recesión, recortes sociales y un Gobierno socialista que había traicionado sus principios y a su gente.

El Congreso deroga la mayor conquista de las organizaciones en vivienda en años y da la espalda a la mayoría social. Su tiempo se ha acabado y la ley volverá.

La legislación que se apruebe mañana, si algún día vuelve a gobernar la derecha, no la derogará por mucho que digan. Os lo explica, con estas bonitas palabras en la Asamblea Nacional, Primo de Rivera cuando justificó por qué prorrogó el decreto Bugallal de 1920 de regulación de los alquileres.

¿Cómo funciona la renovación automática de los contratos de alquiler que se vota el viernes en el Congreso de los Diputados? Te lo explico en 5 claves.

Una vez se pasen los detalles y se coja perspectiva, la decisión del viernes del Congreso va a ir tomando una dimensión enorme. Equivalente a la reforma laboral que salió por un voto. Las vidas de millones de personas podrían mejorar de inmediato. En esa síntesis se pueden sacar las dos votaciones.

El resultado de esta negociación era impensable hace apenas una semana. Gracias a todas las personas y organizaciones movilizadas, comprometidas y exigentes. No habría sido posible sin ese apoyo, que todos, cada cual desde su lugar, hemos procurado hacer valer.

Del Consejo sale la prórroga y congelación de todos los contratos que vencen hasta el 29, protección frente a los desahucios, regulación del fraude de temporada, habitaciones y pisos turísticos, la prohibición de compra para fondos buitre y la renovación automática de los contratos de alquiler.

No hay nada ganado, y ahí están también las limitaciones, pero hacía tiempo que no se estaba tan cerca. El martes debemos estar a la altura.

Hay intereses objetivos que pueden unir a inquilinos y pequeños propietarios que no tienen un negocio inmobiliario frente a los fondos, grandes tenedores y rentistas. Y también hay una brecha dentro de las identidades de la "sociedad de propietarios" que hace posible esta disputa.

Porque mientras no haya casa para todos, nadie va a defender a quien las acumula o se beneficia de esa carencia. Esa palanca puede provocar una gran redistribución de la riqueza con un apoyo social transversal.

En España hoy defender el principio "una familia, una casa", paradigma de la sociedad de propietarios, implica cuestionar toda una compleja estructura de fondos, multipropietarios y rentistas, y las leyes que la sostienen. Y si no encuentra apoyo en el Congreso, tendrá que encontrarlo en las urnas.

Como ocurre con toda falla ideológica, sus manifestaciones son contradictorias, las identidades fragmentadas y posiciones en disputa. Pero esta semana se han precipitado los hechos y algo concreto se ha convertido en categoría.

Y también para poner fin a la compra de vivienda con fines especulativos. Entre otras medidas.

En España existe hoy un apoyo mayoritario a establecer límites muy estrictos al número de viviendas que puede tener una misma persona.

Defender el poder actual de fondos, multipropietarios y arrendadores particulares es cada vez más difícil de conciliar con la "sociedad de propietarios". Ahí está la brecha.